En los procesos de contratación pública, los empates siempre han sido un verdadero dolor de cabeza. ¿Qué ocurre cuando dos postores ofrecen exactamente las mismas condiciones económicas y técnicas? Durante años, la respuesta fue casi anecdótica: se recurría a criterios secundarios, y en algunos casos incluso a sorteos, un mecanismo que reducía a la suerte lo que debía ser una decisión estratégica.
La Nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N.° 32069) rompe con esa tradición. En lugar de dejar el desenlace a la fortuna, convierte el desempate en un instrumento de política pública, alineado con dos grandes objetivos nacionales: fortalecer a las micro y pequeñas empresas (MYPEs) y fomentar la sostenibilidad ambiental.
Una nueva lógica en la contratación pública
La regla es sencilla, pero poderosa:
- Primero se favorece a las MYPEs debidamente registradas en el RNP.
- Si no hay MYPEs entre los postores empatados, el desempate se inclina por quienes acrediten prácticas de sostenibilidad, ya sea mediante certificaciones ambientales, bienes ecoeficientes o estándares que reduzcan el impacto ambiental.
- Solo en caso de persistir la igualdad, se aplicarán criterios adicionales regulados en la norma o el reglamento.
Lo que antes era un procedimiento mecánico, ahora se convierte en una decisión con sentido: premiar a quienes contribuyen al desarrollo económico local o al cuidado del planeta.
Un doble impacto positivo
El cambio no es menor. Tiene dos efectos inmediatos y de gran alcance:
- Impulso a las MYPEs: el Estado se reconoce como socio estratégico de las pequeñas y microempresas, dándoles una ventaja concreta en un mercado que mueve miles de millones de soles al año. Esto no solo amplía sus oportunidades de adjudicación, sino que fortalece el tejido empresarial en provincias y regiones donde las grandes compañías no siempre llegan.
- Incentivo a la sostenibilidad: los proveedores ya no verán las certificaciones verdes como un lujo o un adorno en su oferta. Ahora son un factor decisivo que puede significar la diferencia entre ganar o quedarse fuera. En otras palabras, competir con responsabilidad ambiental se convierte en una ventaja tangible.
El mensaje detrás de la norma
Más allá de la técnica, este mecanismo transmite un mensaje político y social claro: la contratación pública no es solo un trámite administrativo, es una herramienta de desarrollo. Con este ajuste, el Estado dice: “no solo importa cuánto me vendes y a qué precio, también me importa quién eres y cómo produces”.
Es un giro cultural. Se deja atrás la lógica del precio más bajo como único criterio de éxito y se avanza hacia una visión más integral: la contratación como palanca para incluir a los pequeños y para promover prácticas sostenibles.
Los retos de la implementación
Claro está, ningún cambio normativo está libre de desafíos. Para que este mecanismo cumpla su propósito, se necesitan tres condiciones básicas:
- Formalización de las MYPEs: sin un registro actualizado y confiable, la regla se quedaría en papel.
- Criterios ambientales claros y verificables: de nada sirve premiar la sostenibilidad si no hay cómo comprobarla, o si se permite el “greenwashing”.
- Capacitación en las entidades: los comités de selección deberán aplicar estas reglas con transparencia y consistencia.
Lo que antes era un desenlace casi azaroso, hoy se convierte en una decisión con rumbo. El nuevo sistema de desempate de la Ley 32069 no resuelve grandes contratos ni cambia de un día para otro la cultura institucional, pero sí planta una semilla poderosa: utilizar cada detalle del procedimiento para construir inclusión y sostenibilidad.
Y quizá ahí esté la verdadera innovación: demostrar que hasta en un empate, el Estado puede tomar partido por el desarrollo.
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