El Congreso de Perú ha aprobado una ley que permite a la Policía Nacional dirigir las investigaciones penales, dejando a la Fiscalía solo con la facultad de acusar. Esta modificación del Código Procesal Penal ha generado fuertes críticas, ya que vulnera el artículo 159 de la Constitución, que otorga a la fiscalía la facultad exclusiva de dirigir las investigaciones.
La nueva norma, firmada por la presidenta Dina Boluarte, ha sido vista como un intento de evitar que la Fiscalía investigue a funcionarios del gobierno y del Congreso, favoreciendo el control policial bajo el mando del Ministerio del Interior. Este cambio plantea graves preocupaciones sobre obstrucción a la justicia e impunidad, recordando los tiempos de Fujimori, cuando la corrupción y la manipulación de investigaciones eran rampantes.
Modificaciones Controversiales del Código Procesal Penal
La ley aprobada incluye varios proyectos que buscan modificar el Código Procesal Penal, permitiendo que elementos corruptos dentro de la Policía tengan mayor libertad para encubrir delitos. Estas modificaciones limitan las funciones de la Fiscalía, permitiendo que la Policía controle el desarrollo de las investigaciones, lo que podría facilitar la evasión de la justicia y la manipulación de pruebas.
Los proyectos de ley, entre los que destacan los números 819, 1552, 1775, 4660, 5374, 5396, 5944, entre otros, han sido estructurados para debilitar el papel fiscal y otorgar mayor poder a la Policía.
Impacto y Preocupaciones sobre Impunidad
Esta ley genera una gran preocupación entre los defensores de los derechos humanos y la justicia en Perú, ya que la Fiscalía perdería control sobre investigaciones críticas, lo que permitiría que ciertos casos queden impunes. Al estar la Policía bajo el mando del Ministerio del Interior, hay riesgo de que se negocien investigaciones para proteger a funcionarios del gobierno.
El cambio en la legislación es considerado inconstitucional, ya que viola claramente el artículo 159, que establece que la Fiscalía es la entidad responsable de dirigir las investigaciones penales. Esta nueva norma socava los principios básicos de un proceso judicial transparente y justo, dejando la puerta abierta a abusos de poder.
La reciente ley aprobada por el Congreso peruano pone en riesgo el equilibrio de poderes y la lucha contra la corrupción. Al permitir que la Policía dirija las investigaciones penales, se debilita el rol de la Fiscalía y se abre la posibilidad de manipular las investigaciones a favor de ciertos intereses. Esta medida debe ser analizada y revisada con urgencia para evitar que se instaure un sistema que promueva la impunidad y la obstrucción a la justicia.
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