Durante décadas, la contratación pública en el Perú arrastró un defecto estructural: la obsesión por el precio más bajo. La lógica parecía imbatible: si el Estado paga menos, ahorra más. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario. Obras paralizadas, servicios deficientes y adquisiciones de pésima calidad dejaron en claro que lo barato, en contratación pública, muchas veces termina saliendo caro.
La Nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N.° 32069) busca romper con esa inercia. Su enfoque se centra en el concepto de “valor por dinero”, un principio que trasciende el monto de la oferta y coloca en el centro otros criterios esenciales: la calidad, la sostenibilidad y la eficiencia a lo largo del ciclo de vida del contrato.
Del precio al valor
El cambio de enfoque puede resumirse así: ya no gana necesariamente quien ofrece menos, sino quien demuestra mayor aporte integral al interés público.
Esto implica que, en los procesos de selección, la evaluación debe considerar:
- Calidad de la propuesta técnica, más allá de la formalidad documental.
- Sostenibilidad de los bienes o servicios, con criterios ambientales y sociales que impacten positivamente.
- Costos a lo largo del tiempo, es decir, no solo lo que cuesta adquirir, sino también mantener, operar o reparar.
En otras palabras, la contratación pública ya no es una simple transacción, sino una inversión en resultados sostenibles.
Ejemplos que ilustran el cambio
- Un hospital nuevo: antes, podía adjudicarse al postor más barato, aunque ofreciera materiales de menor durabilidad. Hoy, la evaluación debe medir también la vida útil de la infraestructura y su eficiencia energética.
- Adquisición de equipos tecnológicos: ya no basta con el menor precio unitario. Se deben evaluar aspectos como el consumo eléctrico, la capacidad de actualización y el soporte técnico.
- Servicios de consultoría: no gana solo quien cobra menos honorarios, sino quien ofrece un equipo con experiencia probada y metodologías que aseguren mejores resultados.
Una apuesta por la sostenibilidad
Este giro también incorpora un incentivo para que los proveedores adopten estándares ambientales y sociales. No se trata de un simple requisito simbólico, sino de un criterio que puede definir al ganador. En un contexto global donde la sostenibilidad es la norma, no la excepción, esta medida alinea al Perú con las mejores prácticas internacionales.
El desafío de cambiar la cultura
Sin embargo, la transformación no será automática. Durante años, tanto las entidades como los proveedores se acostumbraron a medir el éxito en soles ahorrados. Cambiar la cultura hacia el valor por dinero exigirá:
- Capacitación de los comités de selección, para aplicar correctamente estos criterios.
- Estandarización de metodologías de evaluación, que permitan comparar calidad y sostenibilidad con objetividad.
- Formalización y profesionalización de proveedores, para elevar el estándar de las propuestas.
La Ley 32069 envía un mensaje claro: el Estado no está comprando barato, está comprando bien.
Se trata de un cambio de paradigma que, si se implementa con rigor, puede marcar un antes y un después en la gestión pública. La contratación más barata deja paso a la contratación más inteligente, donde el verdadero ahorro no se mide en soles inmediatos, sino en calidad, eficiencia y sostenibilidad a largo plazo.
Y en ese tránsito, el país deja de ser un cliente pasivo para convertirse en un comprador estratégico, capaz de transformar el mercado con cada decisión de compra.
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