El Dilema del Funcionario: Agilidad vs. Miedo a la Sanción

La Nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N.º 32069) ha sido presentada como una norma que moderniza la forma en que el Estado compra bienes, servicios y obras. Y, en efecto, lo hace: introduce mecanismos más ágiles, digitaliza procedimientos y apuesta por la eficiencia.

Pero hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido en el análisis jurídico y técnico: el impacto humano.
Detrás de cada convocatoria, absolución de consultas, evaluación o adjudicación, hay funcionarios y servidores que cargan con una responsabilidad directa. Y para ellos, la nueva ley plantea un verdadero dilema: cómo ser ágiles y cumplir con los plazos exigidos, sin caer en errores que los expongan a sanciones, observaciones o incluso inhabilitaciones.

La presión del tiempo

Uno de los objetivos centrales de la Ley 32069 es reducir la excesiva duración de los procesos de selección. Los plazos ahora son más cortos y los cronogramas más estrictos.
Esto significa que los comités de selección deben absolver consultas en cuestión de días, publicar documentos en SEACE sin retrasos y corregir observaciones casi de inmediato.

Lo que antes podía postergarse semanas o “esperar al informe” ahora está cronometrado. El funcionario trabaja bajo un reloj que no se detiene, sabiendo que cualquier demora puede afectar la validez del proceso o, peor aún, convertirse en causal de responsabilidad administrativa.

El peso del control en vivo

Pero la presión no viene solo del tiempo. La ley fortalece al OECE, que deja de ser un vigilante externo para convertirse en un árbitro en tiempo real.
Ya no se trata de auditorías posteriores o sanciones a destiempo: ahora las observaciones pueden llegar en plena ejecución del proceso, obligando a corregir de inmediato.

Esto cambia radicalmente el rol del funcionario. Antes, podía argumentar que “no se advirtió” o que “se corregiría después”. Hoy, la supervisión concurrente convierte cada decisión en definitiva y evaluada bajo lupa. El funcionario pasa de sentirse un ejecutor técnico a percibirse como un jugador bajo vigilancia constante.

El miedo como riesgo

En teoría, esta dinámica debería elevar la calidad de las contrataciones: decisiones más rápidas y limpias, procesos sin errores de forma ni vacíos de fondo.
En la práctica, sin embargo, se abre un riesgo silencioso: el miedo a decidir.

Muchos funcionarios enfrentan lo que en gestión pública se llama “parálisis por análisis”: prefieren retrasar, cancelar o sobrerregular un proceso antes que arriesgarse a una observación o sanción.
De esta manera, la promesa de agilidad puede terminar ahogada en el exceso de cautela, reproduciendo un círculo vicioso: los procesos se frenan, se declaran desiertos y las entidades siguen sin cubrir necesidades urgentes.

El costo humano de la contratación pública

Es fácil hablar de millones de soles adjudicados, de plazos reducidos o de indicadores de eficiencia. Pero rara vez se habla de la carga personal que enfrentan los servidores públicos encargados de aplicar la norma.
La Ley 32069 les exige rapidez, precisión y transparencia. Les promete simplificación, pero también les recuerda que cualquier error, incluso involuntario, tiene consecuencias.

Esto genera un ambiente en el que la contratación pública se vive como una mezcla de servicio al país y campo minado jurídico. Para muchos, la pregunta no es solo cómo comprar bien, sino cómo sobrevivir profesionalmente en el intento.

El reto pendiente: confianza, soporte y profesionalización

Para que la Ley 32069 cumpla su promesa, no basta con normas claras. Se necesitan tres condiciones:

1. Capacitación real y constante: los funcionarios deben recibir entrenamiento práctico para manejar procesos en plazos cortos y con reglas más complejas.
2. Soporte institucional: las entidades deben crear equipos especializados de asesoría y control interno que acompañen al comité de selección, en lugar de dejarlo solo frente a la responsabilidad.
3. Cultura de confianza: el sistema no puede basarse únicamente en la sanción y la vigilancia. Debe fomentar una cultura donde la responsabilidad sea asumida con compromiso, no con temor.

La Ley 32069 plantea un cambio profundo en la contratación pública: procesos más rápidos, más digitales y más controlados. Pero en el centro de todo está el funcionario, esa persona que debe ejecutar la norma con criterio, agilidad y responsabilidad.

El gran dilema que enfrentan hoy es claro: si avanzan demasiado lento, incumplen la ley; si avanzan demasiado rápido, temen equivocarse.
Resolver esta tensión no dependerá solo de la letra de la norma, sino del soporte y la confianza que el Estado les brinde.

Porque al final, no hay contratación pública eficiente si quienes la ejecutan trabajan bajo el peso constante del miedo.
El reto es lograr que la agilidad y la integridad convivan, sin que una devore a la otra.