La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) confirmó una multa de S/ 431,615 contra el Congreso de la República tras determinar la existencia de actos de hostilidad laboral contra una trabajadora gestante, a quien se le redujo de manera unilateral la categoría y la remuneración, y posteriormente no se le renovó el contrato.
Reducción de categoría y remuneración sin justificación
De acuerdo con la resolución citada por Infobae, la trabajadora se desempeñaba como Asesora II de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Sin embargo, entre mayo y julio de 2023 fue reasignada como auxiliar, situación que implicó una reducción significativa de su remuneración.
Sunafil concluyó que esta modificación se realizó sin la aprobación de la trabajadora y sin una justificación objetiva, mientras se encontraba en estado de gestación. Además, la entidad inspectiva determinó que durante parte de ese periodo no se le asignaron funciones, lo que fue considerado una afectación a su dignidad laboral. infobae
Incumplimiento de medidas inspectivas
La fiscalización también identificó que el Congreso no acreditó el pago íntegro de las remuneraciones correspondientes y que posteriormente no cumplió con una medida inspectiva de requerimiento emitida por Sunafil.
Dicha medida exigía, entre otras acciones, rectificar información laboral, cesar las conductas consideradas hostiles y regularizar los pagos pendientes. El Congreso sostuvo que algunas exigencias resultaban inejecutables debido a la existencia de un proceso judicial; sin embargo, Sunafil rechazó dicho argumento al considerar que ese proceso no suspendía la actuación inspectiva.
Protección laboral de las trabajadoras gestantes
El caso pone nuevamente en discusión la importancia del cumplimiento de las obligaciones laborales frente a trabajadoras embarazadas. Sunafil ha señalado además que las personas que consideren vulnerados sus derechos pueden presentar denuncias ante la autoridad inspectiva, incluso solicitando reserva de identidad durante las actuaciones correspondientes.
Para empleadores, responsables de recursos humanos y profesionales vinculados a relaciones laborales, estos procedimientos evidencian la necesidad de conocer adecuadamente las etapas de fiscalización, las medidas inspectivas, las infracciones y las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
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