La reciente modificación de los artículos 365º, 366º y 367º del Código Penal Peruano marca un endurecimiento en la política criminal del Estado frente a las agresiones y desacatos dirigidos a los servidores públicos. Este artículo analiza la transición hacia una respuesta penal más severa, caracterizada por el incremento de las penas privativas de libertad y la eliminación de beneficios penitenciarios para casos agravados. Se argumenta que esta reforma busca restablecer el respeto a la figura de la autoridad (policías, militares y funcionarios), aunque plantea interrogantes sobre su eficacia como medida disuasoria y su impacto en el hacinamiento carcelario. La información es fundamental para que el ciudadano comprenda que las conductas de confrontación física o desacato han dejado de ser faltas menores para convertirse en delitos de cárcel efectiva.
1. Introducción
En el derecho penal contemporáneo, el delito de resistencia a la autoridad protege el bien jurídico de la administración pública, garantizando que los funcionarios puedan ejercer sus labores sin coacciones ni agresiones. En el Perú, el aumento de casos de violencia contra efectivos de la Policía Nacional (PNP) ha impulsado una reforma legislativa que prioriza la sanción punitiva sobre la rehabilitación.
La noticia sobre una respuesta penal «más severa y con menos beneficios» no es solo un titular periodístico; es el reflejo de un cambio en la doctrina de seguridad interna que busca blindar legalmente a quienes ostentan el monopolio de la fuerza y la administración del orden.
2. Cambios Estructurales en la Tipicidad
La reforma de 2026 se centra en elevar los marcos punitivos y cerrar las «puertas de salida» legal que permitían que muchos sentenciados evitaran la prisión efectiva.
2.1. Incremento de las Penas (Art. 366º y 367º)
Anteriormente, la resistencia simple era a menudo sancionada con penas suspendidas o prestación de servicios. Las nuevas reglas establecen mínimos más altos, especialmente cuando se emplea violencia física.
2.2. La Agravante por Lesiones
Si como consecuencia de la resistencia se producen lesiones ligeras o graves a la autoridad, la pena se dispara sustancialmente. El legislador ha determinado que cualquier afectación a la integridad física del funcionario en ejercicio de sus funciones debe ser castigada con cárcel efectiva no menor de 8 ni mayor de 12 años.
3. Restricción de Beneficios Penitenciarios
Quizás el cambio más drástico para 2026 es la eliminación de beneficios para los condenados por este delito.
- Improcedencia de la Suspensión de la Ejecución de la Pena: Para los casos agravados, los jueces ya no pueden dictar penas suspendidas; la condena debe cumplirse obligatoriamente en un establecimiento penal.
- Eliminación de Semilibertad y Liberación Condicional: Los sentenciados por violencia y resistencia a la autoridad bajo las nuevas agravantes quedan excluidos de la redención de pena por trabajo o estudio y de la salida anticipada.
| Concepto | Régimen Anterior | Régimen Actual (2026) |
| Pena por Resistencia Simple | 2 a 4 años (usualmente suspendida) | 3 a 5 años (tendencia a efectiva) |
| Resistencia Agravada (armas/lesiones) | 6 a 12 años | 8 a 15 años |
| Beneficios Penitenciarios | Aplicables según conducta | Prohibidos para casos agravados |
| Conversión de Penas | Posible por días-multa | Restringida o nula |
4. Análisis Crítico: ¿Disuasión o Punición?
Desde la criminología, se cuestiona si el aumento de las penas realmente reduce la criminalidad. Sin embargo, la justificación política de esta reforma es el «efecto preventivo general»: enviar un mensaje claro a la sociedad de que agredir a un policía tiene un costo altísimo.
Información útil para el ciudadano: En el marco de estas nuevas leyes, «resistirse» no solo implica lanzar un golpe; el desacato persistente, el uso de insultos degradantes o el impedir físicamente una detención legal ya configuran el tipo penal que puede llevarlo a prisión sin derecho a beneficios.
5. El Rol de la Prueba: Cámaras Corporales y Video
Un factor que acompaña esta severidad penal es el uso de tecnología. En 2026, la mayoría de las intervenciones policiales son grabadas. Esto facilita la labor del Ministerio Público para demostrar la resistencia, dejando al imputado con muy pocas herramientas de defensa frente a la evidencia audiovisual.
6. Conclusión
El endurecimiento de las penas por resistencia a la autoridad en el Perú representa el fin de la tolerancia frente al desacato violento. Al eliminar los beneficios penitenciarios, el Estado ha decidido que la protección de sus funcionarios es una prioridad absoluta, incluso por encima de las políticas de despresurización de cárceles.
La información más valiosa para el ciudadano es que la autoridad se respeta por mandato legal. Ante una intervención que se considere injusta, el camino es la queja administrativa o la demanda judicial posterior, nunca la confrontación física o el desacato en el momento. En 2026, una mala reacción de cinco minutos puede significar una década de cárcel sin opción a salida anticipada.
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