Errores más comunes en la ejecución contractual y cómo evitarlos en las contrataciones públicas del Perú

La ejecución contractual es una de las etapas más críticas en las contrataciones públicas, pues materializa lo planificado en bienes, servicios u obras para satisfacer necesidades del Estado. Sin embargo, en la práctica suele enfrentar problemas derivados de errores de gestión, supervisión o incumplimientos. Este artículo identifica los errores más frecuentes en la ejecución contractual en el contexto peruano, analiza sus consecuencias y propone estrategias para evitarlos, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado (D. Leg. N.° 1017) y su Reglamento (D.S. N.° 344-2018-EF).

Introducción

En el Perú, la ejecución contractual constituye el proceso mediante el cual el contratista cumple con las obligaciones pactadas, mientras que la entidad supervisa el cumplimiento de plazos, condiciones técnicas y calidad de los entregables.

Se trata de una fase determinante, ya que cualquier error puede afectar la satisfacción de la necesidad pública, comprometer recursos presupuestales e incluso generar controversias legales. La Contraloría General de la República ha señalado que un número significativo de observaciones en auditorías está vinculado a deficiencias en esta etapa, lo que evidencia la urgencia de corregir malas prácticas recurrentes.

Errores más comunes en la ejecución contractual

Deficiencias en la supervisión

• Descripción: falta de seguimiento técnico y administrativo.
• Consecuencia: aceptación de entregables incompletos o de baja calidad.

Incumplimiento de plazos

• Descripción: retrasos por parte del contratista o falta de control del cronograma.
• Consecuencia: afecta la oportunidad del gasto público y la prestación del servicio.

Omisión en la aplicación de penalidades

• Descripción: la entidad no aplica las penalidades contractuales.
• Consecuencia: pérdida económica y debilitamiento de la responsabilidad contractual.

Uso inadecuado de adendas

• Descripción: ampliaciones de plazo o modificaciones sin sustento técnico suficiente.
• Consecuencia: riesgo de nulidad y observaciones por parte de los órganos de control.

Deficiente gestión documental

• Descripción: reportes de avance incompletos o inexistentes.
• Consecuencia: falta de evidencia para acreditar cumplimiento y debilidades en la rendición de cuentas.

Conformidad sin verificación adecuada

• Descripción: aprobación de entregables sin comprobar calidad ni cumplimiento normativo.
• Consecuencia: pagos indebidos y perjuicio económico para el Estado.

Descoordinación interáreas

• Descripción: falta de articulación entre áreas usuarias, logística, control interno y administración.
• Consecuencia: decisiones fragmentadas que retrasan y debilitan la ejecución contractual.

Estrategias para evitar estos errores

• Fortalecer la supervisión designando responsables capacitados con funciones claras.
• Cumplir estrictamente los cronogramas con alertas tempranas ante retrasos.
• Aplicar penalidades sin excepciones, garantizando el principio de responsabilidad.
• Sustentar adendas con criterios técnicos, reduciendo su uso a lo estrictamente necesario.
• Optimizar la gestión documental mediante reportes digitalizados y trazabilidad en SEACE.
• Condicionar la conformidad al cumplimiento real de calidad, cantidad y plazos.
• Fomentar la coordinación interáreas a través de comités o mesas de trabajo.

Conclusiones

La ejecución contractual es una fase determinante que impacta directamente en la eficiencia del gasto público y en la calidad de los bienes y servicios entregados a la ciudadanía.

Los errores más comunes falta de supervisión, incumplimiento de plazos, omisión de penalidades, uso indebido de adendas, deficiencias documentales y conformidades indebidas comprometen la transparencia y la eficiencia del sistema.

Superarlos requiere fortalecer las capacidades del personal, promover una gestión preventiva de riesgos y aplicar con rigor la normativa vigente. Solo así se podrá garantizar que la ejecución contractual cumpla con los principios de eficiencia, eficacia, transparencia e integridad establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

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