La venta ilegal de chips o tarjetas SIM en el Perú ha cobrado relevancia como problema de seguridad ciudadana, vinculado al anonimato, la extorsión y el uso irregular de líneas móviles. En respuesta, las principales empresas de telefonía han anunciado una serie de medidas reforzadas para controlar la activación y comercialización de chips, con la finalidad de asegurar la identificación de usuarios y cumplir con la normativa. Este artículo analiza tales medidas, su marco regulatorio, sus ventajas, limitaciones y los desafíos para su eficacia.
Introducción:
El uso indiscriminado de chips telefónicos activados sin control ha sido identificado por autoridades regulatorias como un elemento de riesgo para la seguridad pública, dado que facilita comunicaciones anónimas de redes de extorsión, crimen organizado y fraude. En este contexto, el regulador OSIPTEL y las operadoras han intensificado acciones de control y sanciones. Las empresas del rubro (por ejemplo: Claro, Movistar, Entel) han desplegado medidas internas para reducir la venta ambulatoria de chips, mejorar los mecanismos de identificación y geolocalización, y colaborar con autoridades. Este artículo explora dichas iniciativas y su interacción con el marco normativo.
Marco regulatorio y contexto institucional:
- La venta de chips en la vía pública o activaciones sin la adecuada verificación está prohibida por la normativa peruana, y considerada de riesgo para la seguridad ciudadana.
- OSIPTEL ha informado que entre 2020 y octubre de 2025 impuso multas que superan los S/ 184 millones por venta ambulatoria de chips y faltas al Registro Nacional de Equipos Terminales para la Seguridad (RENTESEG).
- Las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación de realizar la verificación de identidad del usuario al momento de la activación, emplear sistemas de registro, y colaborar con los mecanismos de supervisión del regulador.
Las medidas adoptadas por las empresas:
Según la información periodística más reciente:
- Verificación biométrica del cliente y del vendedor: Claro Perú implementó identificación biométrica doble para cliente y vendedor, y prohibió la venta itinerante de chips por parte de sus distribuidores.
- Límite en activaciones y revisión de línea por usuario: Movistar Perú limitó la activación a una línea móvil por persona al mes en ciertos canales, revisó su base de clientes, alertó a usuarios mediante SMS y dio de baja miles de líneas con inconsistencias.
- Geolocalización y bloqueo de activaciones en zonas no autorizadas: Movistar y Entel implementaron sistemas de geolocalización para detectar activaciones en zonas no autorizadas o vendedores no registrados. Entel mencionó además el uso de inteligencia artificial para validar contrataciones y prevenir suplantaciones.
- Denuncias penales, sanciones contractuales y retiro de distribuidores: Las operadoras han presentado denuncias penales contra quienes venden chips sin verificar debidamente, aplican sanciones internas a distribuidores incumplidores y colaboran con autoridades.
- Campañas de concientización y colaboración institucional: Las empresas han lanzado campañas como “No compres en la calle” para disuadir la compra ambulatoria de chips, y colaboran con OSIPTEL, RENIEC, Migraciones, entre otros.
Análisis crítico:
Ventajas
- El reforzamiento de controles contribuye a restar anonimato a las líneas telefónicas, lo cual es esencial para combatir la extorsión y el crimen vinculado a telecomunicaciones.
- Mejora de la trazabilidad y auditoría de ventas de chips, lo que incrementa la responsabilidad de las operadoras y distribuidores.
- Promueve un mejor cumplimiento regulatorio, disminuyendo los riesgos reputacionales y sancionatorios para el sector.
Limitaciones y desafíos:
- La venta informal de chips puede desplazarse a canales alternativos o clandestinos, lo que dificulta su control absoluto. El hecho de que 75 % de las ventas de líneas prepago se realicen en el mercado informal fue advertido por OSIPTEL.
- La eficacia de las medidas depende de la supervisión continua y de la coordinación entre regulador, empresas y fuerzas de seguridad.
- Las sanciones económicas pueden no ser proporcionalmente disuasorias si los beneficios de la venta ilícita superan los costos.
- Existen retos de implementación técnica (biometría, geolocalización) y de protección de datos personales que deben ser gestionados con cuidado.
Implicancias para la política pública y la seguridad ciudadana:
- Las medidas adoptadas por las empresas complementan las políticas públicas de seguridad telecomunicacional, ayudando a reducir oportunidades para el uso malicioso de líneas anónimas.
- El fortalecimiento de la capacidad sancionadora de OSIPTEL, así como la actualización normativa, son elementos clave para elevar el nivel de cumplimiento del sector.
- La colaboración entre operadores, regulador y autoridades policiales refuerza la vigilancia del comercio ambulatorio y favorece la formalización del mercado de chips.
Conclusión:
La venta ilegal de chips móviles representa un problema relevante para la seguridad ciudadana en el Perú, dada su vinculación con actividades ilícitas que requieren anonimato. Las empresas de telefonía han respondido con un conjunto de medidas reforzadas: verificación biométrica, geolocalización, limitaciones de activación, sanciones a distribuidores y campañas de concientización. Estas acciones, en conjunto con la supervisión regulatoria y cooperación interinstitucional, pueden contribuir a mitigar el riesgo. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad sostenida de implementación, fiscalización, sanción y adaptación frente a prácticas informales siempre cambiantes.
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