El presente artículo analiza el impacto socioeconómico del proyecto de ley firmado por el presidente José Balcázar, el cual propone la eliminación o restricción drástica de la tercerización laboral en el Perú. La iniciativa se fundamenta en la erradicación del fraude en la contratación y la defensa del «núcleo del negocio». Sin embargo, el sector empresarial y expertos constitucionalistas advierten sobre un incremento inminente del desempleo y la pérdida de competitividad. El estudio examina la tensión entre el derecho a la libertad de empresa y el principio de primacía de la realidad, concluyendo que una transición abrupta sin mecanismos de absorción de personal podría derivar en una mayor informalidad.
1. Introducción
La tercerización laboral ha sido, históricamente, una herramienta de especialización productiva y reducción de costos operativos. No obstante, en febrero de 2026, el ejecutivo y sectores del legislativo liderados por José Balcázar han optado por un modelo de contratación directa obligatoria. Este giro normativo responde a una visión que considera a la tercerización como un mecanismo de precarización, buscando que los beneficios y condiciones salariales se homologuen bajo la planilla de la empresa principal.
2. El Proyecto de Ley: Objetivos y Alcance
El proyecto, coescrito con parlamentarios de la bancada de Perú Libre, no solo busca ratificar la prohibición de tercerizar el núcleo del negocio (actividades esenciales), sino que apunta a la eliminación de la figura en su mayoría.
- Identificación del Fraude: Se busca eliminar las «empresas fachadas» que solo proveen personal sin aportar equipamiento ni autonomía técnica.
- Integración de Planillas: El mensaje central de la reforma es «o se entra a planilla o no hay contrato», eliminando los eslabones intermedios de servicios.
3. Análisis del Impacto en el Empleo
La noticia ha encendido las alarmas en diversos sectores económicos (minería, agroindustria y servicios), donde se proyectan tres escenarios críticos:
3.1. Riesgo de Desempleo Masivo
Los detractores sostienen que una empresa principal no tiene la capacidad financiera ni operativa para absorber al 100% del personal tercerizado.
Argumento Económico: Al desaparecer la empresa contratista, se destruyen los puestos de trabajo de quienes realizan actividades de soporte (limpieza, seguridad, mantenimiento especializado) que la empresa principal no desea gestionar directamente.
3.2. Aumento de Costos y Tarifas
Según estimaciones previas del MEF y organismos como Osinergmin, la prohibición de tercerización en sectores de servicios públicos podría elevar las tarifas de electricidad y agua entre un 4% y 28%, debido al incremento de la carga prestacional que las empresas trasladarían al usuario final.
3.3. Conflictividad Judicial
Se prevé una ola de demandas ante el Tribunal Constitucional alegando la vulneración de la libertad de contratar. En 2026, la predictibilidad jurídica es baja, lo que paraliza las decisiones de inversión a largo plazo.
4. Comparativa y Argumentos de los Proponentes
Desde la perspectiva del gobierno de Balcázar, la medida es una cuestión de justicia social. Los argumentos a favor incluyen:
- Reparto de Utilidades: Los trabajadores tercerizados suelen ser excluidos del reparto de utilidades de la empresa que realmente genera la riqueza.
- Seguridad y Salud: Se reportan menores índices de accidentes laborales en trabajadores contratados directamente que en aquellos bajo régimen de services.
| Variable | Modelo de Tercerización | Modelo de Contratación Directa |
| Costo Laboral | Menor (especialización). | Mayor (beneficios completos). |
| Control Operativo | Delegado a un tercero. | Total, por la empresa principal. |
| Riesgo de Despido | Alto (fin de contrato de servicio). | Bajo (estabilidad reforzada). |
5. El Contexto Global (OCDE y OIT)
Es relevante notar que la mayoría de los países de la OCDE permiten la tercerización, siempre que exista una fiscalización rigurosa de los derechos mínimos. El enfoque peruano de 2026 se asemeja más a modelos de restricción total, lo que podría alejar al país de los estándares de competitividad global recomendados por la OIT, que aboga por la «especialización» en lugar de la prohibición.
6. Conclusión
La firma de este proyecto por el presidente José Balcázar representa un compromiso político con las bases sindicales, pero plantea un desafío técnico sin precedentes. La eliminación de la tercerización en un país con 75% de informalidad corre el riesgo de empujar a los trabajadores formales de las contratistas hacia el subempleo, en lugar de hacia la planilla principal. Para que esta ley no sea «nociva», se requiere un plan de transición que incentive la productividad y no solo la imposición normativa.
La información más valiosa hoy es: «El empleo no se crea por decreto, pero se puede destruir por ley». El equilibrio entre derechos y sostenibilidad será la verdadera prueba de fuego de esta gestión.
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