El Congreso de la República evalúa actualmente una propuesta de reforma relacionada con el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales, iniciativa que ha generado diversas opiniones entre instituciones del sistema de justicia. La Defensoría del Pueblo ha intervenido en este proceso, sugiriendo que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) asuma competencias directas en la designación tanto de magistrados titulares como provisionales, con el objetivo de garantizar la independencia judicial y fortalecer el sistema.
Observaciones de la Defensoría del Pueblo
Durante una sesión en la Comisión de Constitución del Congreso, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó observaciones técnicas al predictamen de reforma constitucional que busca modificar el artículo 154 de la Carta Magna. En su intervención, Gutiérrez subrayó la necesidad de evitar ambigüedades que puedan abrir paso a interpretaciones que debiliten el principio de independencia de jueces y fiscales, proponiendo así que sea la JNJ la entidad responsable de todos los nombramientos en el sistema judicial, incluso aquellos que actualmente se dan por encargatura o provisionalidad.
La propuesta enfatiza que fortalecer el rol de la JNJ no solo permitiría una mayor coherencia en los procesos de selección, sino también una mejora sustancial en la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Debate legislativo y otras posiciones
El predictamen en discusión en el Parlamento, impulsado por el congresista Jorge Montoya, quien propone modificaciones estructurales al rol de la JNJ, limitando sus funciones y ampliando la participación del Congreso en el proceso de evaluación de magistrados. Esta iniciativa generó un intenso debate en el ámbito jurídico y político, siendo cuestionada por diversas instituciones y especialistas.
Por ejemplo, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, advirtió que la aplicación de estos cambios podría afectar la estabilidad y profesionalización del sistema judicial, ya que el uso indiscriminado de nombramientos provisionales puede generar dependencia de los magistrados frente a órganos políticos. De igual modo, gremios como la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público han expresado preocupación por una eventual politización del sistema.
Importancia de la independencia judicial
Diversos organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han reiterado la importancia de que los sistemas de justicia cuenten con órganos de gobierno autónomos, libres de injerencia política. En ese sentido, el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo se alinea con estos estándares, al solicitar que cualquier reforma respete los principios de meritocracia, transparencia e independencia en la designación de autoridades judiciales.
Próximos pasos en el Congreso
La Comisión de Constitución continuará con la evaluación de las propuestas y observaciones planteadas por las diferentes entidades. En las próximas semanas está determinado la modificación del dictamen y/o pase al Pleno del Congreso para su debate final. En un contexto en el que la ciudadanía exige mayor eficiencia y transparencia en la administración de justicia, el rol que desempeñe la JNJ y las condiciones de nombramiento de jueces y fiscales será determinante para el fortalecimiento institucional del país.
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