El Congreso de la República del Perú ha aprobado una ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 60 días calendario en materia de economía, inversión y tributos, entre otros temas considerados urgentes para la gestión pública. Esta medida permite al Ejecutivo dictar decretos legislativos con fuerza de ley para atender desafíos estructurales y coyunturales en la economía nacional, en un contexto de presiones sociales y expectativas de crecimiento económico. El presente artículo académico examina el marco jurídico de la delegación, sus objetivos centrales, las implicancias para la gobernanza democrática y los posibles efectos económicos y tributarios.
Introducción:
En los sistemas constitucionales como el peruano, la separación de poderes implica que la función legislativa corresponde al Congreso, mientras que el Poder Ejecutivo está encargado de la administración y ejecución de políticas públicas. Sin embargo, la Constitución permite que el Congreso delegue facultades legislativas al Ejecutivo por un plazo determinado, siempre que lo considere necesario y urgente para atender cuestiones de interés nacional. La delegación aprobada recientemente autoriza a la Presidencia del Consejo de ministros y a los ministerios competentes a dictar normas con rango de ley sobre aspectos económicos, tributarios y de inversión, entre otros.
Marco normativo y constitucional:
La figura de la delegación de facultades legislativas está prevista explícitamente en la Constitución peruana, que permite al Legislativo autorizar al Ejecutivo para legislar sobre materias específicas dentro de un plazo determinado, como un mecanismo excepcional para responder a situaciones que requieren agilidad normativa. El principio constitucional básico es que tal delegación debe ser temporal y temática, limitada a temas concretos que justifiquen la medida, y con controles institucionales.
La Ley Nº 32527, publicada recientemente, formaliza esta delegación por 60 días calendarios, durante los cuales el Ejecutivo podrá emitir hasta 48 iniciativas normativas en sectores económicos, tributarios y de inversión, con el objetivo de impulsar la reactivación y el crecimiento económico.
Objetivos de la delegación legislativa:
La delegación aprobada por el Congreso tiene varios objetivos centrales:
- Promoción de la inversión privada y pública: El Ejecutivo podrá diseñar marcos normativos que faciliten la inversión responsable, tanto nacional como extranjera, en sectores estratégicos del país. Esta medida pretende fortalecer la confianza de los inversionistas y fomentar proyectos que generen empleo y desarrollo.
- Modernización y eficiencia tributaria: El Gobierno puede modificar procedimientos y sanciones en el ámbito fiscal y aduanero, con énfasis en la prevención del fraude y la modernización de la administración tributaria. Esto incluye posibles ajustes a la legislación actual para mejorar la recaudación y la competitividad.
- Reactivación económica responsable: Dentro del marco de “crecimiento económico responsable”, la delegación busca dotar de herramientas normativas al Ejecutivo para responder a desafíos estructurales, ajustar condiciones macroeconómicas y fomentar un entorno regulatorio más dinámico para la economía.
Implicancias políticas y de gobernanza:
La delegación de facultades legislativas representa un voto de confianza y cooperación interinstitucional, pero también plantea desafíos significativos en términos de equilibrio de poderes. Aunque la Constitución reconoce esta figura, su aplicación debe ser excepcional y limitada para evitar un debilitamiento del rol legislativo del Congreso. La aprobación por mayoría del Legislativo indica un reconocimiento de la necesidad de agilidad normativa, pero también genera debates sobre la rendición de cuentas y el control político del Ejecutivo.
Un elemento clave es el control y supervisión institucional, ya que los decretos legislativos emitidos deben encontrarse dentro del marco temático autorizado y respetar principios constitucionales y de transparencia. La Contraloría General de la República y otros organismos de control también desempeñan roles importantes en la evaluación ex post de las normas emitidas.
Impactos económicos y tributarios:
La facultad de legislar en materia tributaria y aduanera permite abordar problemas como la evasión y elusión fiscal, la simplificación de procedimientos administrativos y la adaptación de normas para incentivar la inversión y la formalización. Medidas de este tipo pueden tener efectos positivos sobre la recaudación fiscal y la competitividad empresarial, aunque también requieren un diseño técnico cuidadoso para evitar efectos no deseados sobre la carga tributaria de sectores vulnerables o pequeñas y medianas empresas.
Además, la posibilidad de modernizar el marco regulatorio aduanero puede reducir costos y tiempos de comercio internacional, favoreciendo la inserción de las exportaciones peruanas en cadenas globales de valor y mejorando la competitividad externa.
Discusión crítica:
Si bien la delegación de facultades puede facilitar respuestas rápidas ante urgencias económicas, también suscita preocupaciones sobre la calidad del debate legislativo y la participación ciudadana en la elaboración de normas que tienen efectos profundos. La expedición de decretos legislativos por parte del Ejecutivo podría reducir el espacio de deliberación pública y técnica que caracteriza al proceso legislativo ordinario, con el riesgo de normas apresuradas o con deficiencias técnicas.
El diseño institucional también debe considerar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir los resultados de las iniciativas normativas emitidas bajo esta delegación para garantizar su eficacia y alineación con políticas de largo plazo, evitando una temporalidad normativa que podría generar incertidumbre jurídica.
Conclusiones:
La delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por 60 días en Perú constituye un instrumento constitucional diseñado para responder con mayor agilidad a desafíos económicos, tributarios y de inversión. Si bien esta medida puede aportar dinamismo en sectores clave de la economía, su efectividad dependerá del equilibrio entre la rapidez normativa y la preservación de los controles democráticos y la deliberación legislativa. Los decretos emitidos deberán ser técnicamente sólidos y estar acompañados de mecanismos de rendición de cuentas para asegurar que la delegación contribuya tanto a la eficiencia gubernamental como a la legitimidad institucional.
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