En 2025, casi 1 000 niñas menores de 14 años en el Perú fueron obligadas a convertirse en madres como resultado de embarazos forzados, principalmente producto de violencia sexual, y en el primer mes de 2026 ya se reportaban más de 40 casos adicionales. Esta cifra revela la persistencia de violencias estructurales que afectan los derechos sexuales y reproductivos de las infantes y adolescentes, traduciéndose en consecuencias negativas para su salud, educación y bienestar integral. El fenómeno es consistente con patrones de embarazo adolescente en el país, que han mostrado tasas relativamente altas de maternidad precoz, especialmente en contextos de exclusión social, desigualdad de género y acceso insuficiente a servicios de salud sexual y reproductiva. El presente artículo analiza datos recientes, factores determinantes, implicancias para los derechos humanos y la respuesta de políticas públicas a esta crisis silenciosa.
1. Magnitud del fenómeno en el Perú
1.1 Caso 2025–enero 2026
La periodista congresista Milagros Jáuregui declaró que en 2025 992 niñas menores de 14 años fueron obligadas a continuar embarazos y dar a luz en el Perú, cifra que captura sólo una parte de lo que las organizaciones llaman una crisis de embarazos forzados en la infancia. Además, en enero de 2026 ya se reportaban más de 40 casos adicionales, lo que indica que la tendencia persiste al iniciar el año electoral.
Estos datos se inscriben en un contexto más amplio de maternidad precoz: en 2025, 37 676 niñas y adolescentes menores de 19 años se convirtieron en madres, según cifras reportadas por el Ministerio de Salud (Minsa); en paralelo, se registran muertes maternas en menores, un indicador de riesgo para la salud pública.
1.2 Estadísticas más amplias de embarazos adolescentes
Los embarazos en niñas menores de 10 a 14 años representan una forma extrema de embarazo infantil y violación de derechos humanos. A nivel global, aproximadamente el 13 % de las adolescentes dan a luz antes de los 18 años, lo que varía por región y contexto socioeconómico.
2. Causas estructurales y determinantes
2.1 Violencia sexual y forzada
Gran parte de estos embarazos en niñas es resultado de violencia sexual, dado que, por ley peruana, cualquier embarazo en menores de 14 años se presume producto de violación. Las cifras de violencia sexual contra niñas y adolescentes son altas, con miles de denuncias registradas en 2023, lo que refuerza la relación entre violencia y embarazos forzados.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la invisibilización de esta violencia y la falta de acceso oportuno a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo aborto terapéutico en casos permitidos, perpetúan estos embarazos forzados y las maternidades que siguen.
2.2 Educación sexual y desigualdades de género
La ausencia o implementación deficiente de educación sexual integral contribuye a la falta de conocimiento de derechos y de métodos de prevención entre niñas y adolescentes. Esto, sumado a factores estructurales de desigualdad de género y pobreza, incrementa la vulnerabilidad de las menores frente a embarazos no deseados o forzados.
3. Consecuencias socio‑sanitarias
3.1 Salud física y riesgos obstétricos
El embarazo en la infancia conlleva riesgos obstétricos significativos, incluido mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto, y tasas más altas de mortalidad materna en niñas menores de 15 años. La literatura internacional subraya que los cuerpos de niñas no están completamente desarrollados para la gestación, lo que aumenta complicaciones como preeclampsia y partos prematuros.
3.2 Impactos educativos y de desarrollo social
Las niñas que se convierten en madres a edades tempranas enfrentan interrupciones profundas en su educación y oportunidades de desarrollo personal y profesional. Este fenómeno perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social, ya que la maternidad precoz limita las posibilidades educativas y laborales futuras de las menores.
4. Marco de derechos humanos y respuesta política
4.1 Obligaciones del Estado peruano
Perú está obligado a proteger los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes y a prevenir la violencia sexual. A pesar de marcos legales que sancionan el abuso y establecen protocolos de atención, las cifras de embarazos forzados muestran brechas entre la legislación y su implementación efectiva.
La discusión pública impulsada por entidades civiles exige políticas integrales que incluyan educación sexual integral, acceso a servicios de salud reproductiva, atención psicológica y mecanismos eficientes de denuncia y protección.
4.2 Problemas de implementación de políticas
Aunque existen programas para prevenir el embarazo adolescente, muchos críticos señalan que su cobertura y eficacia son insuficientes, especialmente en zonas rurales y de mayor vulnerabilidad socioeconómica. La eliminación o retrocesos en educación sexual en el sistema educativo agravan estos déficits.
5. Conclusión
La existencia de casi 1 000 niñas forzadas a ser madres en 2025 y decenas de casos adicionales en enero de 2026 pone de manifiesto una crisis de derechos humanos y salud pública en el Perú. Este fenómeno es un indicador de fallas estructurales en la protección de niñas frente a la violencia sexual, en la educación sexual y en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Abordar esta crisis requiere una respuesta multisectorial que articule políticas de prevención, garantía de derechos, atención integral a víctimas de violencia, y estrategias de educación y empoderamiento para niñas y adolescentes. La atención debe orientarse tanto a las situaciones de emergencia como a las causas estructurales que sostienen estas violencias.
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