El Gobierno peruano instaló el llamado Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, una iniciativa promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el objetivo de construir consensos de Estado en torno a reglas fiscales claras, predecibles y sostenibles que protejan la estabilidad macroeconómica y fomenten un crecimiento económico responsable a largo plazo. Este artículo académico examina el contexto de la medida, sus objetivos principales, los actores involucrados, y sus implicancias para la política económica nacional en un periodo de presiones fiscales y retos estructurales.
Introducción
La gestión fiscal es uno de los elementos fundamentales de la política económica de cualquier país, ya que influye directamente en la sostenibilidad de la deuda pública, la confianza de los inversionistas y la capacidad del Estado para proveer servicios públicos e infraestructura. En diciembre de 2025, el Gobierno peruano, a través del MEF, instaló por primera vez el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, convocando a actores del gobierno, del Congreso, gobiernos regionales y locales, el sector privado, la academia y la sociedad civil para consensuar reglas fiscales de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos.
Marco conceptual: estabilidad fiscal y acuerdos multisectoriales
Desde la perspectiva de las finanzas públicas, un marco fiscal sólido se basa en principios como la sostenibilidad del gasto, la eficiencia del uso de recursos y una recaudación tributaria adecuada para reducir déficits y evitar presiones sobre la deuda pública. Los acuerdos fiscales o pactos de estabilidad económica como lo son otros marcos similares en distintas latitudes buscan compatibilizar la disciplina fiscal con objetivos de crecimiento e inclusión social, incorporando a diversos sectores en el diseño de políticas que deben perdurar más allá de administraciones gubernamentales particulares.
Contexto y justificación del Acuerdo Fiscal
El MEF planteó que la estabilidad fiscal se ha debilitado en los últimos años, lo cual puede afectar negativamente la inversión privada, elevar las tasas de interés y reducir el espacio fiscal para financiar infraestructura social. En ese sentido, la instalación del Acuerdo Fiscal responde a la necesidad de proteger la estabilidad macroeconómica, un activo clave para el país y su crecimiento sostenible.
Asimismo, la iniciativa se enmarca en un contexto de mayores demandas sociales, restricción de recursos fiscales y la convulsión propia de un año preelectoral, lo cual puede presionar aún más el manejo de las finanzas públicas si no existe un consenso amplio que oriente las decisiones.
Objetivos y prioridades del Acuerdo Fiscal
El Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible se estructura alrededor de varios objetivos estratégicos:
- Responsabilidad y sostenibilidad fiscal: Promover una gestión prudente del gasto público y respeto al equilibrio presupuestal, evitando desequilibrios que puedan amenazar la estabilidad macroeconómica.
- Eficiencia y calidad del gasto: Optimizar el uso de los recursos públicos para asegurar que se traduzcan en mejoras de servicios e infraestructura, con especial atención a la calidad de la inversión y su sostenibilidad en el largo plazo.
- Ampliación progresiva de la base tributaria: Luchar contra la evasión fiscal y la informalidad, a la vez que se facilita el cumplimiento tributario, sin necesariamente aumentar la carga fiscal, para fortalecer los ingresos públicos de forma sostenible.
Estos objetivos reflejan una visión de política económica que combina disciplina fiscal con equidad y crecimiento, intentando equilibrar la eficiencia económica con un enfoque social amplio.
Actores involucrados y proceso de diálogo
A diferencia de enfoques exclusivamente gubernamentales, el Acuerdo Fiscal convoca a representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, gobiernos subnacionales, entidades autónomas, sector privado, academia, exministros de Economía y organizaciones de la sociedad civil. La inclusión de múltiples actores apunta a legitimar y enriquecer la discusión fiscal, buscando que las reglas y compromisos adoptados cuenten con respaldo amplio y perduren en el tiempo, más allá de un solo periodo gubernamental.
Esta apertura a diversas perspectivas también responde a la necesidad de enfrentar desafíos estructurales como la informalidad laboral, la baja recaudación tributaria relativa al PIB y la necesidad de mejorar la inversión pública en sectores clave.
Implicancias para la gobernanza económica
La instalación del Acuerdo Fiscal tiene importantes implicancias para la gobernanza económica en Perú:
- Fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica: Un consenso claro sobre reglas fiscales contribuye a disminuir incertidumbres y a hacer más predecible el entorno económico para inversionistas y actores económicos.
- Reducción de riesgos de desequilibrios fiscales: Al articular esfuerzos multisectoriales, se busca evitar déficits excesivos y mantener marcos de sostenibilidad fiscal que permitan al Estado responder a choques económicos sin comprometer servicios básicos.
- Continuidad más allá de los ciclos políticos: La intención declarada es generar un pacto que no dependa exclusivamente de cambios gubernamentales, sino que se consolide como un compromiso de Estado con reglas fiscales claras y duraderas.
Estas dinámicas son esenciales para fortalecer la confianza de los agentes económicos y mantener un espacio fiscal que permita responder a necesidades sociales sin comprometer la sostenibilidad económica.
Desafíos y limitaciones
A pesar de sus virtudes, la implementación y sostenimiento de un Acuerdo Fiscal presenta desafíos significativos:
- Coherencia entre objetivos y acciones concretas: Traducir consensos amplios en reformas efectivas requiere coordinación técnica y política, lo cual puede verse limitado por intereses divergentes.
- Balance entre disciplina fiscal y demanda social: Mantener la sostenibilidad fiscal sin descuidar las demandas sociales en materia de servicios, empleo e infraestructura exige enfoques equilibrados y consensuados.
- Seguimiento institucional: La continuidad del Acuerdo depende de mecanismos de monitoreo y evaluación que aseguren que las decisiones adoptadas se implementen y generen impactos medibles en la economía real.
Conclusiones
El Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible representa un intento estratégico del Gobierno peruano por consolidar un consenso fiscal amplio que proteja la estabilidad macroeconómica y oriente el crecimiento responsable a largo plazo. Su éxito dependerá de la capacidad de articular intereses diversos, implementar medidas que garanticen disciplina fiscal y eficiencia del gasto, y mantener un diálogo constructivo que perdure más allá de los ciclos políticos. A través de este tipo de pactos, Perú busca fortalecer su marco macroeconómico y promover un entorno de confianza que favorezca la inversión, el empleo y el bienestar social.
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