Las nuevas disposiciones vinculadas con la promoción de la salud, el descanso sentado y la protección laboral de trabajadores diagnosticados con cáncer plantean a las organizaciones el reto de revisar sus puestos de trabajo, protocolos, reglamentos internos y procedimientos relacionados con la seguridad y salud laboral.
Para Cecilia Vargas, socia del área Laboral de CMS Grau, estas modificaciones demandan una mirada más amplia de la gestión empresarial, que no se concentre únicamente en atender accidentes o enfermedades ocupacionales, sino que permita identificar necesidades, evaluar riesgos y convertir la información disponible en acciones concretas de mejora.
Vargas: la gestión de la salud debe ir más allá de los accidentes laborales
La especialista señaló que las organizaciones deben avanzar hacia una gestión más integral de la salud de sus trabajadores.
“Las empresas deben avanzar hacia una gestión más integral, que no se limite a los indicadores de accidentes o enfermedades ocupacionales”, explicó Vargas.
En ese sentido, sostuvo que las empresas pueden apoyarse en información relacionada con ausentismo, siniestralidad, rotación, vigilancia de la salud y exámenes médico-ocupacionales para identificar necesidades y evaluar posteriormente si las medidas implementadas están generando resultados.
Este enfoque supone pasar de acciones aisladas a una gestión basada en información, seguimiento y revisión permanente de los procedimientos internos.
Nuevas disposiciones exigen revisar los puestos de trabajo
Otro de los cambios relevantes está relacionado con la denominada Ley Silla, que reconoce el derecho al descanso sentado para trabajadores que permanecen de pie durante determinados periodos.
Vargas explicó que el cumplimiento de esta disposición no consiste simplemente en incorporar una silla dentro del centro de labores.
“Cada puesto debe evaluarse según la naturaleza de las funciones y los riesgos ergonómicos para determinar dónde, cómo y cuándo corresponde implementar la alternancia de postura o el descanso sentado”, precisó.
Por ello, las empresas deberán analizar las características de cada puesto y determinar las medidas que correspondan según las actividades que realiza el trabajador.
Los reglamentos y protocolos también deberán adecuarse
Las nuevas obligaciones implican también una revisión de los Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de los procedimientos que utilizan las organizaciones para evaluar riesgos y establecer medidas preventivas.
Este proceso requiere que las áreas involucradas identifiquen cómo funcionan actualmente sus procedimientos y determinen qué modificaciones son necesarias para cumplir con las nuevas disposiciones.
En la práctica, ello puede suponer revisar responsabilidades, flujos de información, controles, documentación y mecanismos de seguimiento.
Trabajadores con diagnóstico de cáncer requerirán evaluaciones individualizadas
Las disposiciones relacionadas con trabajadores diagnosticados con cáncer también demandan una evaluación específica de cada caso.
Cuando el diagnóstico, tratamiento o sus efectos produzcan modificaciones en las capacidades físicas o cognitivas del trabajador, las empresas deberán analizar las características del puesto antes de definir las medidas correspondientes.
Entre las alternativas que pueden evaluarse se encuentran la flexibilización de horarios, teletrabajo, adecuación de herramientas o espacios, pausas programadas y redistribución de determinadas tareas, dependiendo de cada situación.
Vargas remarcó que las organizaciones no deberían adoptar decisiones automáticas únicamente sobre la base del diagnóstico.
“Una de las claves será evitar decisiones automáticas, porque un diagnóstico no equivale por sí mismo a una incompatibilidad con el puesto”, indicó.
Recursos Humanos, salud ocupacional y seguridad deberán trabajar de manera coordinada
La aplicación de estas disposiciones también exige fortalecer la coordinación entre las diferentes áreas de una organización.
Recursos Humanos, seguridad y salud en el trabajo y salud ocupacional deberán intercambiar información, definir responsabilidades y realizar seguimiento a las medidas adoptadas.
Este escenario evidencia la importancia de contar con procedimientos claramente definidos, indicadores que permitan evaluar resultados y mecanismos para detectar oportunidades de mejora.
La gestión por procesos puede fortalecer la adaptación institucional
Los cambios normativos no solo implican incorporar nuevas obligaciones. También pueden convertirse en una oportunidad para que las organizaciones revisen la manera en que desarrollan sus actividades.
La gestión por procesos permite identificar cómo se ejecuta un procedimiento, determinar responsables, detectar puntos críticos, establecer indicadores y proponer acciones de mejora continua.
En el sector público, esta metodología adquiere especial relevancia porque permite orientar los procesos hacia una prestación de servicios más eficiente, articulada y enfocada en resultados.
Una adecuada revisión de procesos puede contribuir a reducir duplicidades, mejorar los mecanismos de seguimiento y facilitar la implementación de nuevas normas y políticas institucionales.
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