Durante 2025, las fiscalías especializadas en delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar han logrado emitir aproximadamente 13 023 sentencias, de las cuales 11 967 resultaron condenatorias, lo que representa un 91.9 % del total. Este volumen de fallos representa uno de los hitos más relevantes en la respuesta estatal contra la violencia machista. Este artículo examina las características de esas condenas, el contexto institucional que permitió su obtención, sus principales logros, así como los desafíos estructurales que persisten para consolidar la justicia de género en el país.
Introducción
La violencia contra la mujer constituye una problemática social estructural en el Perú, manifestándose en múltiples formas: violencia familiar, agresiones físicas, psicológicas, sexuales, feminicidios, entre otras. A fin de brindar una respuesta institucional coordinada, se han creado fiscalías especializadas para perseguir estos delitos con enfoque de género y prontitud. En 2025, dichas fiscalías han logrado un número histórico de condenas, lo cual motiva un análisis riguroso: ¿qué implican estas cifras para la lucha contra la impunidad?; ¿reflejan mejoras estructurales en el sistema de justicia o un impulso coyuntural?
Este artículo se estructura en tres secciones:
- Datos empíricos recientes.
- Factores institucionales y operativos que explican el éxito.
- Dilemas, limitaciones y retos pendientes.
Datos empíricos recientes
- Según el recuento oficial difundido en noviembre de 2025, las fiscalías especializadas emitieron 13 023 sentencias por casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, de las cuales 11 967 fueron condenas.
- Esto representa un porcentaje de condenas del 91.9 % del total, lo que indica una alta tasa de eficacia en los procesos llevados a cabo por dichas fiscalías.
- En el primer semestre de 2025, los reportes previos indicaban 7 704 sentencias, con 6 750 condenas, es decir, un 87.6 % de tasa condenatoria.
- Los tipos de delitos sancionados con mayor frecuencia comprenden agresiones contra la vida, el cuerpo y la salud lesiones, maltrato físico y violencia familiar; así como delitos contra la libertad sexual, incluyendo tocamientos indebidos, violaciones sexuales, actos contra el pudor, muchos de ellos en agravio de menores de edad.
- La carga promedio de fallos indica que las fiscalías especializadas han emitido cerca de 1 197 condenas al mes en 2025, equivalentes alrededor de 40 sentencias por día.
Estos datos reflejan un grado de éxito operativo relevante, que supera los niveles históricos de respuesta judicial con enfoque de género.
Factores institucionales y operativos del éxito
El incremento notable de condenas responde a una combinación de factores estructurales y operativos, entre ellos:
- Especialización del sistema de justicia: La existencia de fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y grupo familiar ha permitido un abordaje con enfoque técnico, formación especializada y procedimientos adaptados para estos casos, lo que favorece la eficiencia.
- Coordinación interinstitucional: Se ha fortalecido la articulación entre fiscalía, policía, juzgados y servicios de protección de víctimas, lo cual agiliza la investigación, recolección de pruebas y emisión de sentencias.
- Litigación rápida en casos de flagrancia o riesgo alto: En ciertas jurisdicciones, se han implementado unidades de litigación rápida, turnos extendidos y mayor capacidad operativa, lo que contribuye al procesamiento eficaz.
- Voluntad institucional y priorización política: El elevado número de sentencias sugiere un compromiso real del Estado por combatir la violencia de género, traducido en recursos humanos, presupuesto y garantías operativas.
Estos factores combinados evidencian que, ante un problema social tan grave como la violencia contra la mujer, la especialización y la institucionalización efectiva pueden generar resultados concretos.
Logros y significados
1. Reducción de la impunidad
Una tasa de condenas cercana al 92 % significa que la mayoría de los casos denunciados culminan con sanción penal, lo que refuerza el principio de que la violencia de género no quedará impune. Esto contribuye tanto a la reparación de las víctimas como a la disuasión del delito.
2. Reconocimiento del daño social y derechos de las víctimas
El éxito judicial en estos casos legitima el reconocimiento institucional de la violencia contra mujeres como asunto de derechos humanos y justicia social, elevándolo por encima del tratamiento marginal o discriminatorio del pasado.
3. Confianza ciudadana y fortalecimiento del Estado de derecho
La eficacia del sistema incrementa la confianza en las instituciones, particularmente de las mujeres víctimas, lo cual puede fomentar una mayor disposición a denunciar y exigir justicia.
4. Precedente estructural
Establece un precedente de funcionamiento para futuras gestiones: demuestra que con especialización, recursos y coordinación se pueden procesar y sancionar masivamente casos de violencia de género, lo que puede institucionalizarse como práctica permanente.
Retos, limitaciones y desafíos pendientes
A pesar de los avances, persisten importantes desafíos estructurales:
- Sostenibilidad institucional: Mantener el ritmo de condenas requiere recursos constantes personal, infraestructura, capacitación. Lo que demanda voluntades políticas sostenidas y presupuesto.
- Atención integral a víctimas: La condena penal es necesaria, pero insuficiente; es indispensable garantizar protección, servicios psicológicos, rehabilitación y medidas de no revictimización.
- Desigualdades territoriales y acceso a la justicia: Las fiscalías especializadas están concentradas mayoritariamente en zonas urbanas; en zonas rurales o remotas la cobertura sigue siendo limitada, lo que implica desigualdad en el acceso a justicia.
- Prevención y transformación cultural: Las condenas no sustituyen políticas de prevención, educación en igualdad de género, reestructuración de patrones culturales machistas que reproducen la violencia.
- Capacidad judicial y sobrecarga: El aumento de casos puede saturar el sistema judicial; es necesario fortalecer juzgados, asegurar plazos razonables y evitar demoras que vulneren derechos de las víctimas.
- Protección de derechos del imputado y garantía procesal: Aun con especialización, el sistema debe garantizar debido proceso, presunción de inocencia y defensa adecuada, las cuales pueden verse tensionadas en procesos rápidos o mediáticos.
Conclusión
El logro de aproximadamente 11 967 condenas por delitos contra la mujer en 2025 representa un avance significativo del sistema de justicia peruano en la lucha contra la violencia de género. Las fiscalías especializadas han demostrado que, con recursos adecuados, especialización técnica y coordinación institucional, se puede ofrecer una respuesta judicial efectiva y masiva.
Sin embargo, este éxito judicial debe integrarse en una estrategia más amplia de prevención, protección integral a víctimas y transformación social. La justicia penal constituye un pilar, aunque no el único de la respuesta. Para transformar verdaderamente la realidad de violencia estructural contra las mujeres en el Perú, es imperativo consolidar las instituciones, ampliar el acceso a la justicia, garantizar servicios de protección, impulsar políticas educativas de igualdad de género, y promover cambios culturales profundos.
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