El Ejecutivo del Perú presentó ante el Congreso un paquete de medidas urgentes destinado a combatir la criminalidad, que incluye solicitud de facultades legislativas, nuevas figuras penales y reformas penitenciarias. La exposición ante el parlamento consideró que el país atraviesa un momento de crisis de seguridad ciudadana, lo que justificaría la adopción de acciones extraordinarias. Este artículo analiza el diagnóstico que inspira las medidas, el contenido de la propuesta, su encaje en el marco institucional del Estado de derecho y los principales desafíos para su implementación.
Introducción
La violencia, la extorsión, el sicariato y los fenómenos de criminalidad organizada constituyen una de las preocupaciones más agudas de la ciudadanía peruana. En ese contexto, el Gobierno ha convocado al Congreso para sustentar un paquete de medidas urgentes que pretende dotar al Estado de mayores herramientas legales y operativas para hacer frente al fenómeno. Según un reporte de prensa, el premier Ernesto Álvarez y 14 ministros sustentaron la solicitud de facultades legislativas por 60 días, orientadas a seguridad ciudadana, criminalidad, reformas penitenciarias y otros ámbitos.
Este análisis se estructura en tres secciones:
- Diagnóstico de criminalidad que motiva la intervención.
- Contenido y alcances de las medidas urgentes.
- Evaluación de retos institucionales y de derechos humanos.
Diagnóstico del problema de seguridad ciudadana
Evolución y magnitud
El gobierno indica que se han desarticulado 18 organizaciones criminales, más de 1 600 bandas delictivas y capturado numerosos implicados en delitos graves. Este tipo de datos sitúa la preocupación oficial en un nivel de emergencia de seguridad.
La proliferación de extorsiones, homicidios, robos agravados y control territorial de bandas refuerza la narrativa de crisis del orden interno.
Factores estructurales
- Debilidad institucional de ciertas instancias de seguridad y justicia.
- Impunidad y lentitud procesal que incentivan la repetición delictiva.
- Recursos policiales y penitenciarios insuficientes o mal distribuidos.
- Fragmentación de las redes criminales y su capacidad de adaptarse.
El diagnóstico gubernamental, por tanto, sostiene que las modalidades delictivas han alcanzado un nivel de sofisticación que exige respuestas rápidas y de mayor alcance institucional.
Contenido de las medidas urgentes
Solicitud de facultades legislativas
El Ejecutivo planteó ante el Congreso la necesidad de contar con facultades normativas por un periodo de entre 60 y 90 días para legislar en materia de seguridad ciudadana, criminalidad organizada y reforma del sistema penitenciario.
Esto implicaría que el Poder Ejecutivo pueda dictar normas con rango de ley en los ámbitos especificados.
Nuevas figuras penales y reformas penitenciarias
Entre las propuestas destacan:
- Creación de nuevas figuras delictivas, por ejemplo, la filtración de información reservada vinculada a investigaciones de crimen organizado.
- Reforma del sistema penitenciario, incluyendo redefinición del rol del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) según declaraciones oficiales.
- Restricciones operativas para bandas criminales, cierre de rutas de financiación, congelamiento de activos, incremento de control migratorio de personas vinculadas al crimen.
Operatividad inmediata
Aunque no todos los detalles están publicados, la sustentación oficial incluyó la necesidad de desplegar recursos humanos, tecnológicos y logísticos del Estado para dar respuesta rápida al control del orden interno.
Evaluación institucional y desafíos
Estado de derecho y proporcionalidad
La adopción de medidas urgentes, en especial mediante facultades legislativas extraordinarias, plantea riesgos respecto a la separación de poderes, control parlamentario y garantía de derechos fundamentales. Es esencial que las reformas se ajusten a los principios de legalidad, proporcionalidad y temporalidad.
Capacidad institucional
El éxito de las medidas dependerá de la capacidad del sistema de seguridad, justicia y penitenciario para absorber cambios rápidos: formación de personal, infraestructura, tecnología, articulación interinstitucional.
Transparencia y rendición de cuentas
La movilización de facultades extraordinarias y recursos implican una alerta respecto a mecanismos de supervisión, informes públicos y participación ciudadana para evitar abusos o captura política del sistema de justicia.
Sostenibilidad y enfoque estructural
Aunque las medidas urgentes pueden generar impactos inmediatos, la criminalidad organizada requiere intervenciones de largo plazo: fortalecimiento de instituciones, desarrollo socioeconómico, políticas de prevención y rehabilitación. Sin estos componentes, existe el riesgo de que la respuesta sea meramente reactiva y no sostenible.
Conclusión
El paquete de medidas urgentes sustentado por el Ejecutivo peruano para enfrentar el crimen organizado traduce un reconocimiento explícito de la crisis de seguridad ciudadana en el país. El enfoque que combina nuevas figuras penales, reformas penitenciarias y facultades extraordinarias apunta a dar una respuesta acelerada.
No obstante, el verdadero éxito dependerá de un diseño institucional riguroso, el ajuste a estándares de derechos humanos, la capacidad de ejecución operativa y la articulación con medidas de largo plazo. De lo contrario, la urgencia puede convertirse en improvisación y la reacción estatal en un efecto temporal sin transformación estructural.
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