El Congreso de la República ha aprobado y promulgado la Ley N° 32069, conocida como la Ley General de Contrataciones Públicas. Esta legislación, que entra en vigor hoy, lunes 24 de junio de 2024, establece un nuevo marco normativo para la contratación de bienes, servicios y obras por parte del Estado.
Objetivo y Finalidad de la Ley
La Ley N° 32069 tiene como objetivo principal regular el proceso de contratación pública, buscando asegurar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos. Su finalidad es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a través de la contratación oportuna y adecuada de bienes, servicios y obras.
Ámbito de Aplicación
La nueva normativa es aplicable a todas las entidades contratantes que utilicen fondos públicos, incluyendo el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los ministerios, los gobiernos regionales y locales, las universidades públicas, las empresas estatales, y otras organizaciones creadas bajo el ordenamiento jurídico nacional.
Principios Rectores
Entre los principios que guían esta ley se encuentran la legalidad, eficacia y eficiencia, integridad, publicidad, competencia y transparencia. Estos principios garantizan que las contrataciones se realicen de manera justa, abierta y en beneficio del interés público.
Novedades en el Proceso de Contratación
La ley introduce varias modalidades de contratación, como la compra corporativa, la compra centralizada y la subasta inversa electrónica, todas diseñadas para optimizar las condiciones de contratación y maximizar el valor por dinero del Estado.
Impacto en la Gestión Pública
Con la implementación de esta ley, se espera una mayor transparencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales. Además, se promueve la profesionalización de los compradores públicos y la implementación de tecnologías que faciliten y hagan más eficientes los procesos de contratación.
Esta nueva legislación marca un paso adelante en la consolidación de un sistema de contratación pública moderno y eficiente, alineado con los principios de buen gobierno y transparencia.
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