1. Introducción
El organismo electoral peruano, el JNE, ha anunciado que en aproximadamente dos meses determinará si el sistema de voto digital podrá implementarse en las próximas Elecciones Generales de Perú de 2026.
La decisión obedece a una auditoría técnica y normativa de la solución desarrollada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este artículo analiza el marco normativo, los procesos de auditoría, los retos técnicos y operativos, los riesgos asociados y las implicancias institucionales para el sistema electoral peruano.
Palabras clave: voto digital, JNE, ONPE, auditoría tecnológica, elecciones Perú 2026, innovación electoral.
2. Marco normativo y actor institucional
2.1 Base legal
La ley que permite el voto digital en el Perú contempla que ciertos grupos como peruanos en el extranjero, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y otros, puedan acceder a esta modalidad.
El rol del ONPE es diseñar la solución tecnológica, y el del JNE es auditar, supervisar y determinar su aprobación para uso electoral.
2.2 Roles institucionales
- ONPE: responsable del diseño, implementación y entrega de la plataforma de voto digital.
- JNE: órgano fiscalizador y de decisión sobre viabilidad, seguridad y proporcionalidad del sistema.
En el anuncio más reciente, su presidente, Roberto Burneo, indicó que se concluirá en dos meses el informe de auditoría para decidir.
3. Plazo y procedimiento de la evaluación
El JNE ha definido que en unos dos meses (aproximadamente hasta mediados de diciembre de 2025) terminará la auditoría tecnológica de la solución de voto digital que la ONPE entregó el 15 de octubre.
En concreto:
- Se requiere que la ONPE haya entregado la solución tecnológica.
- El JNE emitirá un informe al pleno para decidir si se cumplen los requisitos constitucionales, normativos y técnicos.
- Si la auditoría arroja incumplimientos, es posible que se opte por un piloto reducido o que la implementación se postergue.
4. Principales retos y dimensiones de evaluación
4.1 Seguridad tecnológica y confiabilidad
El JNE ha señalado riesgos vinculados a la falta de auditoría externa, de contratación de empresa auditora especializada, y del poco tiempo para completar la validación técnica.
Los aspectos que deben evaluarse incluyen:
- Integridad de los datos
- Garantía del sufragio secreto
- Autenticación de los votantes
- Resistencia a ciberataques
- Trazabilidad sin vulnerar el anonimato
4.2 Normativo y constitucional
La evaluación debe considerar que el voto digital respete los principios constitucionales del sufragio: universal, libre, igual, obligatorio y secreto.
También debe garantizarse que la modalidad digital no genere desigualdades de acceso.
El JNE lo hace explícito al afirmar que evaluará:
“Si tenemos o no las condiciones tanto normativas como el marco constitucional para desplegar el voto digital”.
4.3 Operativo y logístico
Implementar voto digital, incluso para grupos limitados, implica:
- Adaptación de procesos
- Sensibilización de los electores
- Infraestructura técnica
- Protocolos de contingencia
- Capacitación de personal
- Plan de comunicación
El plazo es limitado, lo que eleva el riesgo.
4.4 Confianza ciudadana y percepción
La adopción de voto digital depende de la confianza de la ciudadanía. Una solución defectuosa o apresurada podría erosionar la credibilidad del proceso electoral.
Como advierte el JNE:
«Lo que no queremos es que por una falta de confianza o por un incipiente desarrollo informático, este voto digital fracase.»
5. Implicancias y escenarios posibles
5.1 Escenario optimista
Si la auditoría determina que la solución cumple todos los requisitos, el voto digital podría implementarse para los grupos priorizados en las elecciones de abril de 2026, lo que marcaría un avance institucional relevante en el Perú.
La implementación podría mejorar la accesibilidad del sufragio para peruanos en el exterior, Fuerzas Armadas, PNP, etc.
5.2 Escenario mitigado (piloto)
Si bien la solución es aceptable, podría imponerse una implementación limitada o piloto reducido (por ejemplo, solo algunos miles de electores), para garantizar control y evitar riesgos mayores.
El presidente del JNE mencionó esa posibilidad.
5.3 Escenario de postergación o exclusión
Si la auditoría arroja deficiencias críticas de seguridad, normativas o logísticas, el JNE podría decidir no habilitar el voto digital para 2026 o posponerlo.
Esto implicaría que los electores convocados para voto digital deban votar por métodos tradicionales y que el proceso de innovación se retrase.
Este escenario podría generar cuestionamientos y pérdida de oportunidad institucional.
6. Conclusiones
La decisión del JNE de resolver en un plazo de dos meses la viabilidad del voto digital representa un momento clave para el sistema electoral peruano.
Desde una perspectiva académica, el proceso ofrece una oportunidad para estudiar cómo se gestiona la innovación electoral en contextos institucionales con plazos ajustados.
📌 Puntos finales:
- La innovación electoral es deseable, pero debe responder a estándares de seguridad, legitimidad y equidad.
- El plazo de dos meses es ambicioso: la literatura comparada revela que auditorías de sistemas de voto digital comúnmente demandan más tiempo. El mismo JNE lo reconoce.
- En caso de éxito, el Perú avanzaría hacia una mayor modernización electoral. En caso contrario, la postergación sería una señal de prudencia institucional, aunque podría generar frustración ciudadana.
- Es crucial que, independientemente del resultado, el JNE y la ONPE comuniquen de forma clara los motivos de su decisión, para mantener la transparencia y confianza del electorado.
Leave a comment