{"id":16866,"date":"2026-01-17T12:25:40","date_gmt":"2026-01-17T17:25:40","guid":{"rendered":"https:\/\/cepeg.pe\/blog\/?p=16866"},"modified":"2026-01-17T12:25:42","modified_gmt":"2026-01-17T17:25:42","slug":"edad-minima-imputabilidad-penal-tc-18-anos-peru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cepeg.pe\/blog\/edad-minima-imputabilidad-penal-tc-18-anos-peru\/","title":{"rendered":"LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA EDAD M\u00cdNIMA DE IMPUTABILIDAD PENAL 18 A\u00d1OS: FUNDAMENTOS JUR\u00cdDICOS, L\u00cdMITES CONSTITUCIONALES Y EFECTOS PROCESALES"},"content":{"rendered":"\n

El Tribunal Constitucional (TC) del Per\u00fa<\/strong> declar\u00f3 inconstitucional<\/strong> la Ley\u202fN\u00ba\u202f32330 que pretend\u00eda aplicar responsabilidad penal ordinaria a adolescentes de 16 y 17 a\u00f1os por delitos graves y estableci\u00f3 que la edad m\u00ednima de imputabilidad penal en el pa\u00eds es de 18 a\u00f1os<\/strong>. En consecuencia, los menores de 18 a\u00f1os deben ser juzgados dentro del Sistema de Justicia Penal Juvenil<\/strong> conforme al C\u00f3digo de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA)<\/strong>, y no en el sistema penal ordinario de adultos. La decisi\u00f3n implica el archivo de procesos iniciados bajo la norma anulada y la reorientaci\u00f3n de las actuaciones judiciales hacia un enfoque especializado en protecci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n y resocializaci\u00f3n. Este art\u00edculo examina el marco constitucional y de derechos humanos que sustenta el fallo, los argumentos centrales del TC y las implicancias para el sistema de justicia penal juvenil peruano.<\/p>\n\n\n\n

1. Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La imputabilidad penal define la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada responsable penalmente en el sistema de justicia ordinario. En el Per\u00fa, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica<\/strong> y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado reconocen un tratamiento diferenciado para menores de edad, orientado a la protecci\u00f3n, la educaci\u00f3n y la resocializaci\u00f3n. La reciente decisi\u00f3n del TC constituye un hito jurisprudencial al reafirmar que la edad m\u00ednima de imputabilidad penal es 18 a\u00f1os<\/strong>, adecuando la normativa nacional a los est\u00e1ndares internacionales y a las garant\u00edas constitucionales.<\/p>\n\n\n\n

2. Marco constitucional y de derechos humanos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

2.1 Principios constitucionales relevantes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El fallo del TC se fundamenta en el bloque de constitucionalidad, que incorpora a la Constituci\u00f3n y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entre ellos, destaca la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, que define como ni\u00f1o a toda persona menor de 18 a\u00f1os y exige un enfoque de justicia juvenil diferenciado centrado en la protecci\u00f3n y reinserci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n

2.2 Normativa interna afectada<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Ley\u202fN\u00ba\u202f32330 hab\u00eda modificado el C\u00f3digo Penal y el C\u00f3digo de Ejecuci\u00f3n Penal para permitir la aplicaci\u00f3n de responsabilidad penal ordinaria a adolescentes de 16 y 17 a\u00f1os por delitos graves. El TC, en la Sentencia 00023\u20112025\u2011AI\/TC, declar\u00f3 inconstitucionales dichas disposiciones y tambi\u00e9n invalid\u00f3 decretos supremos que adaptaban el sistema de ejecuci\u00f3n penal para permitir el tratamiento de menores como adultos.<\/p>\n\n\n\n

3. Argumentos centrales de la sentencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

3.1 Incompatibilidad con est\u00e1ndares internacionales<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El TC sostuvo que someter a adolescentes de 16 y 17 a\u00f1os al sistema penal ordinario contradice compromisos internacionales asumidos por Per\u00fa, especialmente aquellos que regulan justicia juvenil y protecci\u00f3n especial para personas menores de edad. Esto vulnera el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, la igualdad ante la ley y la dignidad humana.<\/p>\n\n\n\n

3.2 Interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El tribunal interpret\u00f3 que toda alusi\u00f3n normativa a la aplicaci\u00f3n de responsabilidad penal ordinaria desde los 16 a\u00f1os debe entenderse referida solo a mayores de 18 a\u00f1os. Por ello, decret\u00f3 que los adolescentes de 16 y 17 a\u00f1os deben ser procesados y sancionados exclusivamente bajo el CRPA, que contempla normas y medidas socio\u2011educativas adecuadas a su edad, incluyendo internamiento en centros juveniles y no en establecimientos penitenciarios para adultos.<\/p>\n\n\n\n

3.3 Efectos procesales inmediatos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La sentencia dispone que todos los procesos penales ordinarios iniciados contra adolescentes de 16 y 17 a\u00f1os bajo la Ley\u202f32330 deben ser archivados y reconducidos conforme al CRPA. Asimismo, ordena el traslado de adolescentes alojados en establecimientos penitenciarios de adultos a centros juveniles especializados, bajo la supervisi\u00f3n de los juzgados de familia y fiscal\u00edas especializadas en justicia juvenil.<\/p>\n\n\n\n

4. An\u00e1lisis doctrinal y pol\u00edticas p\u00fablicas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

4.1 Justicia penal juvenil vs. penal ordinario<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El sistema penal juvenil est\u00e1 dise\u00f1ado con criterios de protecci\u00f3n y resocializaci\u00f3n para adolescentes, priorizando intervenciones educativas y medidas socio\u2011rehabilitadoras que consideren el desarrollo psicol\u00f3gico y social de las personas menores de edad. La decisi\u00f3n del TC refuerza la l\u00f3gica de que la respuesta frente a conductas delictivas de menores debe priorizar la reinserci\u00f3n social sobre la sanci\u00f3n punitiva propia de adultos.<\/p>\n\n\n\n

4.2 Compatibilidad con est\u00e1ndares internacionales<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Organismos internacionales y tratados de derechos humanos sostienen que la edad m\u00ednima de imputabilidad penal debe alinearse con criterios de desarrollo humano y protecci\u00f3n de la ni\u00f1ez. Esto busca prevenir la estigmatizaci\u00f3n y las consecuencias negativas de someter a adolescentes a penas equivalentes a las de adultos, especialmente en sistemas penitenciarios para mayores de edad.<\/p>\n\n\n\n

5. Implicancias institucionales<\/strong><\/p>\n\n\n\n

5.1 Sistema judicial y fiscal\u00eda<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n obliga al Poder Judicial<\/strong> y al Ministerio P\u00fablico<\/strong> a ajustar sus pr\u00e1cticas procesales para reenfocar las investigaciones y medidas para adolescentes de 16 y 17 a\u00f1os dentro del marco del CRPA. Esto implica una reorientaci\u00f3n de competencias de juzgados y unidades fiscales especializadas en justicia juvenil.<\/p>\n\n\n\n

5.2 Protecci\u00f3n de derechos y reinserci\u00f3n social<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Al consolidar los est\u00e1ndares de justicia juvenil, la sentencia fortalece el enfoque de protecci\u00f3n integral de derechos, al asegurar que los adolescentes infractores sean atendidos en contextos que favorezcan su desarrollo y reducci\u00f3n de riesgos de reincidencia. Este enfoque coincide con pr\u00e1cticas recomendadas por organismos de derechos humanos y la propia Defensor\u00eda del Pueblo del Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

6. Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La sentencia del Tribunal Constitucional que establece que la edad m\u00ednima de imputabilidad penal en el Per\u00fa es de 18 a\u00f1os representa un significativo pronunciamiento en defensa del marco constitucional, internacional y de derechos humanos que protege a las personas menores de edad. Al declarar inconstitucionales las disposiciones que pretend\u00edan incluir a adolescentes de 16 y 17 a\u00f1os en el sistema penal ordinario, el TC no solo reafirma la primac\u00eda del tratamiento penal juvenil, sino que tambi\u00e9n subraya la obligaci\u00f3n del Estado de aplicar respuestas jur\u00eddicas y socioeducativas coherentes con el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o y los est\u00e1ndares de justicia juvenil.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Tribunal Constitucional declar\u00f3 inconstitucional la Ley 32330 y confirm\u00f3 que la imputabilidad penal en el Per\u00fa inicia a los 18 a\u00f1os. 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